LA MOVILIZACION SOCIAL COMO MEDIO DE PRODUCCION
Gustavo Gordillo De Anda
Subdirector General de FAO y
Representante Regional para América Latina y El Caribe
Determinación del contexto
Las recientes reformas de liberalización económica y política con sus implicancias de desregulación, privatización, reformas tributarias, simplificación de burocracias y estabilidad macroeconómica, han hecho posible anular formalmente las políticas con sesgo anti-agrícola. No obstante, en la actualidad está claro que para aprovechar las ventajas de tal situación se requiere una activa reforma de las políticas.
Aún está pendiente la implementación de esquemas orientados a reducir la disparidad social y los altos niveles de los costos de transacción en el sector rural; la ausencia de vínculos y la inercia que limita la reorganización económica y, en particular, la multiplicación y diversificación de formas contractuales y asociativas; la eliminación de obstáculos al desarrollo basado en las comunidades; y la implementación de políticas que reconozcan las estrategias diversas de los productores rurales en su calidad de individuos, de familias, de comunidades así como también de habitantes del espacio rural. Es obvio también, que al menos para América Latina todos los factores anteriores deben ser concebidos basándose en una política social muy activa orientada no sólo a mitigar la pobreza sino a ayudar a reducir las enormes desigualdades de ingresos.
Por otra parte, hace falta un esquema institucional que garantice la participación de las personas y que, al mismo tiempo, redefina el nuevo rol y las dimensiones de las intervenciones del Estado. Existe un creciente consenso en cuanto a las características deseables de la segunda etapa de reformas, orientada a la reconstrucción institucional:
Como punto de partida, es necesario adoptar un marco institucional que no se limite a la red de instituciones estatales, sino que también incluya el conjunto de reglas y convenciones, aceptables para los productores, y que incluso incorpore normas éticas y morales de comportamiento que son parte del marco institucional de la interacción social¹. Dentro de este enfoque más amplio, el rol principal del desarrollo institucional es aumentar la eficiencia y reducir la inseguridad mediante el diseño de una estructura estable – aunque no inmutable – que favorezca la interacción económica y social. Este marco institucional, en particular la estructura de oportunidades e incentivos creada gracias a él, es el determinante subyacente del desmpeño económico.
Dentro del marco de lo que en la actualidad sabemos de la economía política de las reformas, una consecuencia importante de este enfoque es que - a pesar de que el cambio institucional es impulsado por cambios en los precios relativos, en la demografía o por la reestructuración tecnológica - la única forma de definir un ritmo de cambio que limite la inevitable inestabilidad que conlleva el cambio, es comprometerse en procesos de construcción de consensos.
El propósito es establecer un camino de transformación que refleje el consenso, la dirección y la estabilidad de las políticas agrícolas y rurales con el fin de generar seguridad y contener riesgos discrecionales y autoritarios.
Los elementos mencionados anteriormente establecen una base fundamental para el desarrollo institucional futuro dentro de las características deseadas de autonomía, inclusión y acción subsidiaria efectiva por parte del Estado.
No obstante, es importante recordar que las reformas estructurales de los años ochenta y de la primera mitad de los noventa, dieron paso a un período de transición que tuvo como resultado una crisis institucional en el sector rural, en la cual han surgido cuatro factores:
La combinación de los factores antes mencionados con frecuencia ha tenido como resultado una modernización selectiva sólo en algunos sectores o regiones, con base en criterios económicos simplistas que clasifican las regiones e incluso a las personas como "viables" y "no viables". De hecho, este es un camino seguro a la profundización de los desequilibrios productivos y sociales en el sector rural. En condiciones en que el medio ambiente macroeconómico de un país no puede ofrecer por sí sólo una alternativa real y duradera a los actores o regiones rurales desplazadas, el resultado seguro de la falta de políticas de desarrollo activas es el vacío institucional y la exclusión social.
No tiene sentido promulgar la flexibilidad, la transparencia y la participación, sin reconocer la diversidad y el pluralismo económico. Lo importante es incorporar las numerosas formas de estrategias diferenciadas y a los actores sociales en un diálogo más amplio que tenga como resultado la inclusión. Tal como lo señala Alain de Janvry, cuando la información disponible es imperfecta, es más importante y conveniente para el Estado fortalecer el poder de negociación de los menos favorecidos que intentar regular los contratos privados².
Sin una habilitación (empowerment) política y social - la cual no es de ninguna manera indiferente al desmpeño económico - se puede prever que bajo nuevas condiciones de desregulación y flexibilidad en la organización de la producción, los agricultores y los pobres rurales - sin la solidez de una organización y participación democráticas - enfrentarán mayores desventajas como resultado de la apertura de las economías y de la influencia de los poderes locales.
En otras palabras, es esencial que la compleja sociedad rural se vea reflejada en la estructura y prácticas de las instituciones rurales, de manera de incluir y calificar las demandas de los actores sociales, especialmente de aquellos que estuvieron excluidos de la primera fase de las reformas.
La reforma institucional en el sector rural requiere en primer lugar de un consenso social sobre la importancia de la participación de los actores rurales en su diseño e implementación. No obstante, su traducción a una reforma legal necesita de una convergencia política que reconozca la capacidad de la reforma para entregar una cuota justa a todos los participantes. El factor de eficiencia en la transformación institucional no puede ser separado de los factores distributivos involucrados en todos los tipos de reformas institucionales. Esto implica cambios en el poder y en los procesos políticos. Esto significa que, en el caso del sector rural, caracterizado por un alto grado de polarización social, para que se dé una real modernización, ésta deberá ser altamente incluyente. Por lo tanto, la piedra angular de una estrategia efectiva de desarrollo rural es la incorporación de todos los actores sociales dentro de los acuerdos institucionales que se están gestionando, es decir, la inclusión de los campesinos, la agricultura familiar, las poblaciones indígenas, las mujeres, los agricultores comerciales, los empresarios agroindustriales, los inversionistas y otros.
Lo anterior implica profundos cambios en los mecanismos de acceso a los servicios de apoyo y los recursos públicos, los que deben ir acompañados de un fuerte proceso de descentralización a fin de garantizar la autonomía necesaria de las agencias locales en cuanto a la asignación de recursos y a la flexibilidad de sus programas, al igual que a fin de abrir posibilidades permanentes y efectivas para llegar a consensos con los productores. No obstante, quizás el elemento más crucial es ser capaz de promover reglas y códigos que creen incentivos para la innovación y la experimentación institucional.
Instituciones y organizaciones
Comencemos con la distinción tradicional entre instituciones y organizaciones: "Las instituciones son reglas que asignan el control de recursos – a través de derechos y obligaciones – a las personas individuales o a asociaciones de personas. Las organizaciones son grupos sociales, personas que trabajan juntas" (Eggertsson, op.cit).
El rol transformador de los movimientos campesinos es digno de mención dadas las dificultades involucradas en la implementación de proyectos de reformas en el sector rural. Ningún cambio importante en las políticas o en las instituciones puede tener éxito a menos de que sea apoyado y promovido por la movilización de los actores sociales. La eliminación de los obstáculos institucionales (legales, políticos, económicos y culturales) que impiden la capacidad de transformación de las sociedades rurales, implica la convicción de que no hay un incentivo mayor para la reorganización productiva, el uso racional de los recursos naturales, el aumento de la productividad o la innovación, que la movilización de las personas mismas.
En el tema de la reforma agraria, por ejemplo, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil ha demostrado el valor de desarrollar redes nacionales que vinculen entre si a los asentamientos de la reforma agraria, proporcionando información global a nivel local a través de la difusión de experiencias, alcanzando economías de escala en la provisión de ciertos servicios como la educación, y teniendo la capacidad de movilizar a la opinión pública y hacer campaña a nivel de gobierno a fin de obtener apoyo y protección.
Es de crucial importancia vincular las instituciones locales con aquellas de escala global. Las instituciones locales tienen la capacidad de acceder a información pública a nivel local y de movilizar el capital social, mientras que las instituciones globales pueden acceder a mercados más amplios, a información universal, a la opinión pública y el apoyo internacional y nacional y al estado nacional.
En dos ejemplos citados por Bebbington et al. (1997) en Bolivia³, el surgimiento de organizaciones locales relativamente sólidas promovidas por estructuras sindicales y cooperativas, y la creación de vínculos entre éstas y otros actores, ha contribuido a la formación del capital social y ha marcado la diferencia. Las organizaciones han ayudado a las instituciones locales a entablar en forma más coordinada negociaciones con el Estado, el mercado y los actores de la sociedad civil. Hasta cierto grado, estas organizaciones han jugado un rol de coordinación entre los productores y un ambiente disperso institucionalmente. Han proporcionado vías de acceso a nuevas y más apropiadas tecnologías, servicios financieros, asistencia técnica y recursos de inversión. También han proporcionado vías para ayudar a acceder a nuevos mercados (aunque se trate de más bien de mercados internacionales que nacionales), a negociar mejores condiciones en esos mercados (forzando a otros intermediarios a competir con ellos y a aumentar sus precios) y, en algunos casos, a agregar valor a productos primarios de la región. A continuación, se presentan las principales características de estos ejemplos exitosos de formación de capital social:
Al revisar los ejemplos anteriores entre muchos otros, queda claro que el principal desafío consiste en incentivar y promover los acuerdos institucionales que refuercen y canalicen actividades privadas y sociales. En este sentido, es necesario definir el concepto de movilización social en su más amplio sentido: como un estado de tensión generado por actores específicos que luchan por el cambio desplegando y consolidando espacios y mecanismos para ejercer su autonomía.
Dada su propia naturaleza, la movilización social requiere y es promovida por acuerdos institucionales que faciliten la innovación y la experimentación. A estas alturas, debemos tener claro que cualquier sociedad sea pequeña o grande es por lo general una construcción humana muy dinámica. Los conflictos y las tensiones no son la excepción, sino la regla. Muchos especialistas, formuladores de políticas y académicos han insistido y desarrollado diferentes mecanismos para la solución de conflictos y cosas semejantes. Es más importante quizás establecer un vínculo fuerte entre un esquema legal sólido y claro (leyes, tribunales, etc.) e instituciones formales e informales que desempeñen, a nivel local, un rol importante en la solución de conflictos. Es este puente el que puede garantizar la transformación de las protestas y conflictos sociales en innovación, experimentos y soluciones. Y es precisamente este proceso el que conduce a la innovación institucional que yo denomino movilización social como medio de producción. Es evidente que no toda movilización social se convierte en innovación institucional, de manera que lo decisivo son los procesos mediante los cuales la movilización social si conduce a estos tipos de innovación.
Escenarios de movilización social
Con el objetivo de elaborar el concepto de movilización social como medio de producción es importante seguir los conflictos recientes que han ocurrido en el campo o las situaciones que han involucrado a actores rurales. Para comprender las dinámicas y tendencias actuales debemos revisar las interacciones existentes entre cuatro elementos básicos: las organizaciones rurales, las agencias de desarrollo, los mercados y las estructuras regionales de poder. Estas interacciones por sí mismas han dado lugar a diferentes escenarios en los cuales la movilización social juega un rol decisivo. A pesar de que es riesgoso intentar encontrar parámetros comunes en un universo tan diverso como es el medio rural en América Latina, quizás lo mejor es agrupar la mayoría de los escenarios en seis temas:
En el sentido más extenso utilizado en la literatura, una clasificación común de regímenes de propiedad incluye: acceso abierto, propiedad comunal, propiedad privada y propiedad estatal. Dado que estas categorías han demostrado ser insatisfactorias para abordar varios casos empíricos, el concepto de un conjunto de derechos tiene gran atractivo. Utilizando las cuatro dimensiones de control que Schlager y Ostrom encontraron en su estudio sobre las industrias pesqueras costeras (acceso y utilización, administración, exclusión y transferencia), Eggertsson identificó tres razones por las cuales las personas que oficialmente son propietarias únicas, encuentran restricciones para un control total de los recursos. Esto se debe, en primer lugar, a que es bastante costoso para los dueños atender personalmente todos sus asuntos, y a que las organizaciones actúan como agentes y administran paquetes de recursos a través de acuerdos contractuales. La segunda razón es que el Estado impone restricciones al control individual de los recursos. Y, finalmente, dado que hay reglas informales que también limitan el control que las personas ejercen sobre sus recursos. Es este hecho del control incompleto el que implica que algunas dimensiones de los recursos sean no exclusivas y, por lo tanto, estén sujetas a disipación, lo que crea "un incentivo para que las personas diseñen instituciones y acuerdos contractuales que reducen los costos de transacción y limitan las pérdidas". (Eggertsson, p. 164).
Para resumir en pocas palabras la situación que atraviesa en la actualidad el sector rural en América Latina, se puede decir que se trata de una larga transición de gobernabilidad y de arreglos institucionales.
Fases de la movilización social: las redes emergentes
Se pueden identificar al menos dos fases principales en las recientes movilizaciones en el campo. Una primera fase va desde los años sesenta a los setenta; y una segunda fase se extiende básicamente desde fines de los ochenta hasta los noventa coincidiendo con la ola de democratización en la región.
La primera fase estuvo caracterizada por algunos rasgos básicos: la lucha por la tierra fue con creces el foco central de la movilización de los campesinos, y se expresó principalmente a través de agrupaciones regionales. Hubo tres fuentes de presión sobre la tierra: una de ellas provenía desde el interior de las comunidades establecidas, de los hijos de quienes poseían la tierra y de los vecinos que se habían asentado en esos lugares como trabajadores asalariados o que habían establecido pequeños negocios. Otra presión provenía de trabajadores asalariados migrantes, que buscaban establecerse en regiones agrícolas altamente desarrolladas. Finalmente, la presión de comunidades indígenas que buscaban rescatar tierras que habían sido propiedad de sus ancestros y que ahora estaban en posesión de grandes terratenientes.
Estas diferentes fuentes de presión para acceder a la tierra darían paso a diversos tipos de luchas basadas en la ocupación de la tierra, el cultivo inmediato del suelo, marchas y demostraciones. Sin embargo, el aspecto más importante fue que dio lugar a una incipiente coalición de actores rurales y urbanos, que ha sido básica para conseguir el apoyo público para las movilizaciones rurales. Estas protestas de campesinos tendrían diferentes impactos en las políticas gubernamentales. Como consecuencia, la distribución de la tierra alcanzaría altos niveles en algunos países de la región, tanto en términos de la superficie afectada (en México, por ejemplo, más de 12 millones de hectáreas) como de la calidad de las tierras. Cuando se hicieron intentos por dar un nuevo ímpetu a las asociaciones controladas por los gobiernos, su dependencia oficial y el embrollo burocrático de las centrales - cuyos intereses con frecuencia se relacionaban con los jefes regionales o con los nuevos terratenientes - se tradujeron en una muy baja capacidad para canalizar o dirigir la nueva ola de protestas sociales. Otros intentos para capturar estas movilizaciones fueron dirigidos desde los partidos de izquierda (prosoviéticos, maoistas, socialdemócratas, demócratas-cristianos). Con excepciones importantes en algunos países (Bolivia, Chile, Nicaragua, El Salvador), los partidos de izquierda encontraron muy poco apoyo en el campo y, debido a la política de represión sistemática que ejercía el Estado en su contra, no jugaron un rol importante en términos de amalgamar las diferentes y, con frecuencia, dispersas protestas. Lo que sucedió entonces fue que, por una parte, hubo una proliferación de un enorme número de organizaciones rurales que emergieron como resultado de las protestas y, por otra parte, con la ayuda de ONGs e iglesias se desarrollaron diferentes formas de coordinación regional y nacional, las entonces llamadas "Coordinadoras".
Estas protestas tendrían repercusiones en otro elemento de las políticas de gobierno. Al ser empujados a realizar la distribución de tierras bajo condiciones de una creciente incapacidad para controlar o suprimir la intranquilidad campesina, algunos gobiernos comenzaron a promover en gran escala diferentes instrumentos legales para facilitar las asociaciones económicas campesinas, tales como las cooperativas, los grupos de crédito, y las asociaciones comunitarias. Lo nuevo de todo esto fue la intervención del Estado para promover las organización económica, como algo distinto a la promoción de las organizaciones de representación política.
El surgimiento del formato de redes cuestionó la racionalidad de la organicidad rural basada en tipos altamente centralizados, politizados y verticales de federaciones y gremios. En su lugar, estas redes desarrollaron una forma de organizaciones regionales, que eran completamente autónomas en sus estrategias y tácticas de lucha, políticas de alianzas, procedimientos internos de toma de decisiones, etc. No se estableció un cuerpo central para la toma de decisiones, sino un cuerpo de dirección colegiada. El énfasis en la movilización social significó que las estructuras de base de las organizaciones regionales fueron los miembros activos de la red organizacional.
Fases de la movilización social: la búsqueda de la autonomía
El cambio de énfasis en las luchas rurales hacia los problemas relacionados con el desempeño económico y los programas de intervención, se generó mediante un proceso gradual, pero que tuvo gran apoyo como consecuencia directa de las características que los movimientos de protesta campesinos habían adoptado en la fase anterior. Ciertamente, la distribución de la tierra no acabó con toda la tierra disponible para ser expropiada. No obstante, por una parte, se topó con una frontera política bien definida – el producto de una sólida resistencia de todas las elites de propietarios – más allá de la cual la distribución de la tierra solo podía seguir llevándose a cabo bajo el riesgo de romper los acuerdos básicos entre el Estado y las elites económicas tanto urbanas como rurales. Sin embargo, el efecto de la distribución de la tierra en las áreas donde había mayor activismo campesino, fue reducir la magnitud de la lucha por la tierra.
La nueva declaración oficial respecto del término de la distribución se basó en argumentos asombrosamente similares en varios países – básicamente dictaduras militares y regímenes fuertemente autoritarios – en especial el argumento de que lo importante no era la distribución de la tierra en sí, sino la distribución de la producción de la tierra. El centro de este desafío que en muchas ocasiones fue ocultado argumentando motivos relacionados con la eficiencia, fue el derecho de los gobiernos a expropiar las tierras. La rectificación de la política gubernamental tenía sus contradicciones internas. Por una parte, estableció una estrategia general de desarrollo rural – el desarrollo rural integrado – la que, sin abandonar la política de distribución de la tierra, hizo hincapié en la redistribución de los ingresos mediante los precios, los créditos y la infraestructura.
No obstante, al situar la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria en el centro mismo de esta estrategia, un corolario que nunca se estableció explícitamente llevó inevitablemente a la discusión acerca de la eficiencia relativa de las fincas familiares versus las grandes propiedades. A pesar de que estas tendencias no cambiaron substancialmente con posterioridad, es interesante ver la manera en que, a pesar de la intención del gobierno de detener la distribución de la tierra, el fundamento de la política de autosubsistencia alimentaria replanteó el tema nuevamente.
Otro avance importante surgió a partir de la reforma legal. Ya sea como resultado de la reversión de las reformas agrarias – como fue el caso de Chile bajo el régimen de Pinochet – o de los enfoques conservadores para segregar a los sectores reformados de la agricultura comercial más estratégica, la tendencia fue reconocer los fracasos casi unánimes de la colectivización, estableciendo un marco legal más claro para los derechos de propiedad. Implícita en estos esfuerzos se encontraba la necesidad de introducir flexibilidad en los hasta ahora rígidos marcos legales agrícolas que prohibían la mediería, la agricultura de contrato, el arriendo y otros; mientras que en la realidad, todos estos contratos económicos se desarrollaron en un mercado secundario bastante vulnerable. Todos estos cambios legales fueron diseñados esencialmente con el fin de proporcionar garantías legales a la propiedad privada en el campo, y atraer la inversión privada.
Curiosamente, el debate académico de los años setenta – en especial dentro de los sectores izquierdistas – que giró substancialmente en torno a una pregunta existencial ("¿Están los campesinos desapareciendo o reemergiendo?" "¿Ysi los campesinos se extinguieran o si los campesinos existieran?") fue retomado con una estructura completamente diferente por los reformistas económicos de los ochenta, dividiendo a los productores rurales entre "viables" y "no viables".
La conexión entre todas estas luchas no emergió transparentemente, sino después de una mediación indirecta. El proceso de formación de las organizaciones económicas por parte de los campesinos, en especial de los pequeños productores, abrió un universo amplio y totalmente nuevo que se nutría tanto de sus éxitos como de sus limitaciones, en un momento en que las luchas de los agricultores que tenían su origen en las crisis económicas, políticas de ajuste estructural y democratización, se caracterizaban por su dispersión geográfica y la aparente heterogeneidad de sus demandas.
Sólo en la actualidad, es posible advertir en estos procesos que comenzaron en la segunda mitad de la década pasada, un denominador común: la búsqueda de autonomía. Desearía calificar esto de inmediato: la autarquía nunca fue recomendada ni en términos de mercado, donde el impulso básico era crear mejores condiciones para la inserción de los pequeños agricultores, ni en las relaciones con las agencias gubernamentales, donde la lucha giraba en torno a evitar tanto la subordinación como la confrontación total, en favor de mejores capacidades de negociación. La autonomía, por lo tanto, se refiere a garantizar una determinada organicidad, que permitirá a los agricultores, mediante sus propios métodos de toma de decisiones, asumir el control de un conjunto fundamental de decisiones en la vida de los productores rurales, las que les habian sido arrebatadas de sus manos y les deberían ser restituidas a través de su organización. Desde ese punto de vista, las movilizaciones rurales por la autonomía fueron, al mismo tiempo, una herramienta para establecer un nuevo equilibrio de poder.
Esta segunda fase en las recientes protestas rurales también se destacaría por una creciente erosión en el poder de los gremios y federaciones controladas por el gobierno. Con el fin de evitar cualquier ambigüedad, es necesario explicar cómo ocurrió esto. Existieron dos aspectos que destaron esta erosión, la que esencialmente significó la pérdida de la iniciativa política. Por una parte, la promoción de las organizaciones económicas campesinas creó en la práctica estructuras paralelas en ciertas regiones del campo o del medio rural. En algunas ocasiones, los gobiernos utilizaron esta promoción para contrabalancear los enclaves regionales de oposición. No obstante, sean cuales fueran las razones detrás de esta promoción más o menos activa, ésta, unida a la liberalización política, crearon un conjunto de opciones para que los campesinos rompieran los monopolios políticos. La mayoría de las estructuras de representación en el medio rural lograron tener éxito debido a una combinación de clientelismo político, control directo de las palancas de poder a nivel local, regional y, a veces nacional, y un proceso de acumulación basado en actividades rentistas vinculadas fuertemente a programas gubernamentales. Esta estructura estuvo dedicada fundamentalmente a lo que se podría llamar "administración de la demanda agraria", lo que cumplió un rol esencial en la solución de conflictos o en magistraturas informales, y garantizó el control político sobre los campesinos. En algunos casos, como sucedió en México, también significó garantizar el funcionamiento de la maquinaria electoral.
¿ Cómo se han desarrollado estas dos estructuras, y como han interactuado en los últimos años ? Como se indicó anteriormente, la frontera política de la distribución de la tierra y el hecho de que los gobiernos hayan abandonado el asunto de la distribución de la tierra, está dificultando cada vez más el manejo de la demanda agrícola por parte de la estructura corporativa.
Pero por otra parte las organizaciones económicas rurales han atravesado un arduo proceso de adaptación, reestructuración y, en muchas ocasiones, disolución. No está claro que hayan tenido éxito, ni tampoco que lo tendrán en el futuro. No obstante, es posiblemente cierto que en su vasta experimentación institucional se encuentran las posibles soluciones para el desarrollo de instituciones y organizaciones rurales que puedan garantizar un mejor futuro para el mundo rural.
Notas:
¹ Discurso del Presidente del Banco Mundial a
los funcionarios después de la Reunión Anual de octubre de
1996.
² V. Alain de Janvry en P.K.Bardham (ed.) The Theory of Agrarian
Institutions, Oxford University Press, 1989.
³ La "Central de Cooperativas El Ceibo Ltda.", ubicada
en la región del Alto Beni al norte de La Paz, es probablemente
el caso más exitoso de organización económica campesina en
Bolivia, y quizás en todo los Andes. Un caso exitoso de
recolección, procesamiento y comercialización de cacao
orgánico basado en una estructura cooperativa.
Otra región, Las Yungas de La Paz, que es la zona tradicional de
la coca, también se distingue por incorporar este esquema. La
municipalidad de Irupana es una de las áreas de producción de
coca, no obstante, también es un área importante para la
producción de café, papa y hasta cierta medida, cítricos. Por
lo tanto, mientras la coca es la fuente principal de ingresos
para los campesinos de la región, las iniciativas destinadas a
aumentar los ingresos derivados de estos otros cultivos han
ayudado a fortalecer la economía de la región. Un actor
importante en estas iniciativas ha sido CORACA-Irupana, que se
basa en una estructura sindical. En forma
similar al caso de El Ceibo, en sus primeros años CORACA-Irupana
surgió como una alternativa para abordar los problemas de
comercialización de la región, y al actuar como competencia de
los comerciantes locales, ayudó a aumentar los precios del
café.